Participación Ciudadana U.C. de Participación Ciudadana con la Policia Nacional


Plan Turismo Seguro
El “Plan Turismo Seguro” tiene como principal objetivo incrementar de forma permanente la seguridad ciudadana en las zonas turísticas y proporcionar un entorno más seguro al turista durante su estancia en nuestro país. Igualmente, pretende apoyar y contribuir activamente a las actuaciones en el sector por el Gobierno de España y por las Administraciones Autonómica y Local; además, pretende favorecer al sector turístico español y cooperar en el logro de un mayor grado de competitividad, así como cooperar entre todas las instituciones públicas y privadas que intervienen en el sector turístico.

  • Objetivos generales del Plan:
  • Proporcionar un entorno seguro para el turista en su estancia y viaje por España.
  • Apoyar y contribuir activamente a las actuaciones desplegadas en el sector por el por el Gobierno y por las Administraciones Autonómica y Local.
  • Apoyar al sector turístico español y cooperar en el logro de un mayor grado de competitividad del mismo.
  • Cooperar en la corresponsabilidad social entre todas las instituciones públicas y privadas que intervienen en el sector, contribuyendo además a preservar el entorno y el medioambiente.
  • ACCIONES: a desarrollar para el logro de los objetivos generales)
  • - Avanzar en la prevención de la comisión de delitos en los que la víctima tenga la condición de turista.
  • Incrementar la seguridad ciudadana en aquellos espacios y lugares de mayor riesgo para la seguridad de los turistas.
  • Proporcionar al turista información sobre las medidas de seguridad que debe adoptar para evitar que se convierta en víctima.
  • - Perfeccionar los procesos de planificación y ejecución de las medidas policiales de lucha contra la delincuencia en las zonas turísticas.
  • Refuerzo de medios policiales
  • Colaboración de Unidades especiales
  • Dispositivos especiales antiterroristas
  • - Mejorar la calidad en la prestación del servicio.
  • Mejorar la atención al turista extranjero a través de la generalización de figuras como el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), facilitando la disposición de intérpretes, y la comunicación con consulados, embajadas y país de origen.
  • Atender más rápida y eficazmente a los perjudicados por la comisión de hechos delictivos, perfeccionando, agilizando y diversificando los procedimientos de recepción de denuncias, extendiendo el uso de las nuevas tecnologías para facilitar al turista los trámites de la denuncia.
  • - Favorecer la colaboración, coordinación y comunicación con las Administraciones e instituciones públicas y privadas del sector turístico, propiciando su participación activa en el desarrollo del plan.
    - Potenciar los estudios y la recogida de información sobre los aspectos de la seguridad que afectan al sector turístico.
    - Implementar y organizar campañas informativas dirigidas a los turistas con los consejos oportunos para prevenir los principales problemas de seguridad que les pudieran afectar.
    - Establecer contactos y mecanismos estables de comunicación y colaboración con las representaciones diplomáticas y consulares de los países más importantes para el sector turístico español, dándoles traslado del contenido del Plan Turismo Seguro, contribuyendo de esta forma a incrementar la seguridad y bienestar de sus compatriotas durante su estancia en España.
  • Oficinas  del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE)
  • La Secretaría de Estado de Seguridad, a través de las Delegaciones del Gobierno impulsarán, junto con las Administraciones Locales de aquellas localidades que reciben un gran número de turistas, la creación de oficinas de Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), para ofrecerles una asistencia personalizada, tras ser víctima de cualquier infracción penal, a través de un equipo de expertos policiales e informadores intérpretes en su propio idioma.

    Las funciones generales del SATE son:
  • Atender a las víctimas de delitos o faltas, en su propio idioma, asesorándoles en las gestiones procedimentales y documentales, derivadas del hecho acaecido (cancelación de tarjetas y documentos de crédito, contacto con embajadas y consulados, comunicación o localización de familiares, etc.)
  • Asistir al turista en la tramitación de la denuncia del delito o falta, informándole de sus derechos y entregándole la citación para la celebración del Juicio Rápido o Juicio Inmediato de Faltas cuando proceda.
  • Notificar de manera inmediata al juzgado de Guardia, aquellos casos en los que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 797, punto 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fuera de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en juicio oral.


Otras noticias: El anteproyecto de Ley de la Seguridad Privada La Ley 23/1992, de 30 de julio, así como su normativa de desarrollo, fue la norma jurídica más avanzada en el mundo que facilito un desarrollo de la Seguridad Privada en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en materia relacionada con los Vigilantes de Seguridad, Guardias Particulares de Campo, cómo Seguridad Pesquera y los Detectives Privados. Muchas Policías del Mundo y el FBI consideran que nuestro país España, ha creado unos pilares, donde la libertad y la seguridad están coordinadas con todas las infraestructuras críticas públicas y los bienes privados galantes de una democracia avanzada. El Gobierno de España hoy quiere presentar un anteproyecto de ley donde se regule acorde con los tiempos que vivimos: las empresas de seguridad privada, despachos detectives y legislar las nuevas tecnologías acordes con I +D. Hay una nueva novedad muy importante, en el anteproyecto de ley de Seguridad Privada la exclusividad del Estado en la Seguridad Privada, y elevar la categoría de agentes de la autoridad del personal de seguridad privada en ciertos supuestos en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. Como novedad el Gobierno, podrá solicitar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la formación de profesionales de vigilancia y seguridad privada de guardas rurales y marítimos y la formación de los vigilantes de explosivos, como escoltas. Se autorizaran empresas de investigación privada acorde con la legislación vigente y facilitar un registro nacional de empresas de Seguridad Privada. La habilitación personal para trabajar en la Seguridad Privada, se mantiene con la antigua ley; exclusividad del Cuerpo Nacional de Policía salvo los Guardias Rurales que está corresponde a la Guardia Civil. Es importante señalar que el anteproyecto de ley necesita un debate parlamentario y comisiones de estudio de los grupos parlamentarios para crear una conciencia de la seguridad privada y que el ciudadano vea en la Seguridad Privada una especialización cada vez más tecnológica y a la vez más humana. Quiero resaltar el Papel de los Despachos Detectives Privados, que debería ir por un camino distinto de la Seguridad Privada y fortalecer medidas jurídicas como fortalecimiento de su personal. En relación a los Guardias Marítimos es muy importante resaltar su papel en los campos medioambientales – como sería los Guardias Rurales- que mejoraría un amplio campo laboral especialmente forestal y de animales de crianza. También sería importante crear cursos puente, para acceder a la Policía, Guardia Civil y las Fuerzas Armadas dentro de la formación específica de la Seguridad Privada. Fuente: Francisco Meana es analista político La nueva Ley de Seguridad Privada será más estricta y rigurosa con el sector y abrirá la puerta a nuevos servicios 12 / 04 / 2013 Madrid El titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, presenta al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada La nueva norma incorpora el principio de complementariedad entre la seguridad privada y la pública Aumenta los controles sobre la actividad de los detectives y fija fuertes sanciones para acabar con el intrusismo El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, informó hoy al Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que pretende, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no están recogidos en la normativa actual. A la vez, será más estricta y rigurosa con las compañías de seguridad privada con un régimen sancionador exigente. La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Como botón de muestra, el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011. España es uno de los países que lidera este sector. En cambio, nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la UE). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la UE. En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, 20 años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas. La normativa vigente no está adaptada al entorno tecnológico esencial para el sector de la seguridad privada y no recoge el régimen actual de distribución de competencias entre el Estado y las autonomías. Hasta la fecha, estas insuficiencias han sido paliadas por normas reglamentarias o resoluciones de la Dirección General de la Policía sin verdadero carácter normativo, que han generado problemas de inseguridad jurídica y de dispersión normativa. De ahí la necesidad de disponer de un nuevo texto jurídico con rango de ley, que regule de forma integral y sistemática el modelo español de seguridad privada y dote al sector de un marco jurídico flexible, que permita la adecuación de los requisitos exigibles a la naturaleza de las distintas actividades y servicios de seguridad privada. Con el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que hoy presentó el ministro del Interior en el Consejo de Ministros, se supera la concepción consagrada en la Ley de 1992 centrada en el control y la potestad sancionadora en este sector para acoger un planteamiento más ambicioso de seguridad integral en el que la seguridad privada pasa a ser complemento de la pública, siempre bajo la preeminencia de esta última. Para ello, el nuevo texto incorpora el principio de complementariedad entre la seguridad privada y pública, considerando aquélla un recurso externo de ésta. Mientras, la normativa aún vigente pone el acento exclusivamente en el principio de subordinación de la seguridad privada a la pública. En este contexto, los principios de irrenunciable preeminencia de la seguridad pública sobre la privada y de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad constituyen los ejes rectores de esta nueva norma. Con el fin de de dotar de mayor seguridad jurídica al sector, el nuevo texto define legalmente los conceptos hasta ahora jurídicamente imprecisos, fija el ámbito material y la finalidad a la que sirve la seguridad privada y determina las actividades compatibles con las propias de la seguridad privada. Además, incorpora la investigación privada a las actividades de las empresas de seguridad y matiza el principio de exclusión de la seguridad privada en espacios públicos, excesivamente rígida y obsoleta. El título primero de la futura ley está dedicado a la coordinación y colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una de las ideas clave de esta ley. Para ello, prevé la creación de Comisiones Mixtas de Seguridad Privada integradas por representantes del Ministerio del Interior, del sector de seguridad privada y de las autonomías con competencia en esta materia. Mayor control de los detectives El título segundo del texto normativo regula las empresas de seguridad y despachos de detectives, que deberán inscribirse en un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada. Se establece un sistema flexible que permitirá incrementar o reducir los requisitos de las empresas, en función de la actividad desempeñada. La nueva ley incrementa, además, el control sobre la actividad de los detectives privados, con nuevas obligaciones: Deberán documentar los encargos en un contrato escrito. Además del libro-registro que ya llevan, habrán de elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos. El informe estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial. Presentarán una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior. Además, se regula más estrictamente el acceso a la investigación privada y su ejercicio, que afecta a ámbitos de la vida privada protegidos por derechos fundamentales y libertades públicas. Por esta razón es preciso un exhaustivo régimen legal que garantice el respeto a tales derechos e imponga límites frente a un ejercicio inadecuado de esta actividad. El título tercero se refiere al personal de seguridad privada y regula cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad. Como respuesta al gran avance tecnológico y al fuerte incremento del subsector de las alarmas, se prevé que la verificación de alarmas sea una función de los vigilantes de seguridad. Por primera vez, se regula en una norma de rango legal las medidas de seguridad física, electrónicas, informáticas… Esta nueva Ley abrirá las puertas a las compañías de seguridad privada a nuevos servicios demandados por la sociedad. Por ejemplo: . Servicios de videovigilancia privada dentro de inmuebles. Gestión y respuesta de alarmas. Vigilancia de polígonos, urbanizaciones y zonas comerciales peatonales. Servicios de planificación y asesoramiento. Vigilancia perimetral de prisiones siempre bajo la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Investigación privada. Las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad se recogen también, por primera vez, con rango de ley, así como la obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de ese personal. Además, se regulan las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales antes de la incoación de un expediente sancionador, cuando sea necesario para evitar la producción de daños (suspensión de servicios prestados por empresas no autorizadas, desconexión de alarmas…). El anteproyecto pone punto y final a las carencias de la anterior legislación, con un régimen sancionador que tipifica por separado las infracciones de las empresas, del personal y de los usuarios de seguridad privada, incluyendo, por primera vez, los centros de formación de personal. Con el fin de acabar con el intrusismo, se aplicarán graves sanciones, que pueden llegar hasta el cierre de las empresas que infrinjan esta normativa. Por último, el texto se adapta a la actual distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas e introduce también instrumentos para evitar la actuación de empresas que incumplan sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, comprometiendo gravemente la seguridad. Fotos Vídeos

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