Informe emitido por la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) en el que se recogen cuestiones sobre la formación permanente a vigilantes de seguridad, los cursos de reciclaje obligatorios. Descargar el informe en PDF: UCSP 2016_018 – Sobre los cursos de reciclaje



Informe emitido por la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) en el que se recogen cuestiones sobre la formación permanente a vigilantes de seguridad, los cursos de reciclaje obligatorios.

Descargar el informe en PDF: UCSP 2016_018 – Sobre los cursos de reciclaje

ANTECEDENTES
El representante de la empresa de seguridad privada, mediante escrito dirigido a esta Unidad, y en relación con la impartición de los cursos de formación permanente a vigilantes de seguridad, solicita aclaración sobre las siguientes cuestiones planteadas:
  • Si el hecho de que un vigilante de seguridad manifieste su negativa a realizar los cursos de formación permanente puede ser constitutivos de infracción administrativa.
  • Si el trabajador está obligado a la realización de tales cursos de formación permanente.
  • Si la empresa de seguridad incurre en algún tipo de responsabilidad ante la negativa del trabajador a realizar los referidos cursos.
  • Si la empresa cuenta con algún mecanismo de naturaleza administrativa para conseguir que el trabajador acuda a recibir dicha formación.
  • Si el trabajador puede seguir realizando su trabajo como Vigilante de  Seguridad, pese a no haber querido realizar el reciclaje.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que, los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
Antes de entrar a contestar cada una de las cuestiones planteadas en el escrito objeto de consulta, conviene precisar que, salvo las condiciones legal y reglamentariamente establecidas en relación con el lugar de realización de los cursos de formación permanente, así como su duración y periodicidad, los demás aspectos relativos a los medios, costes, calendario, horarios, etc., en que tales cursos se realicen, pertenece al ámbito de relaciones bilaterales entre la empresa y los trabajadores, y se regirán por la normativa laboral (general o sectorial), que resulte de aplicación a las empresas y al personal de seguridad privada y, en particular, por los convenios colectivos del sector.
Efectivamente, la normativa de seguridad privada se circunscribe a regular aquellos aspectos que, desde el punto de vista de la seguridad, se consideran necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas, en orden al correcto funcionamiento del sector, pero no puede ni debe entrar a regular aspectos ajenos al ámbito material que constituye su objeto y que se rigen por sus normas específicas, máxime cuando tales aspectos son susceptibles de convenio, negociación o acuerdo entre las partes (en el caso que nos ocupa, fundamentalmente el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad para el periodo comprendido entre julio
de 2015 y  diciembre de 2016).
Por ello, las respuestas que, a continuación, se van a dar a cada una de las cuestiones planteadas se fundamentan, básicamente, en la regulación que al respecto se establece en el ámbito de la seguridad privada, por ser éste con el que se relacionan las competencias atribuidas a esta Unidad Central.
En lo referente a la primera cuestión planteada, la negativa por parte de un vigilante de seguridad a realizar los cursos de formación permanente puede constituir una infracción administrativa, tipificada como grave, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58. 2 i) de la LSP, “la negativa a realizar los cursos de formación permanente a los que vienen obligados”.
Por lo que respecta a la segunda cuestión objeto de consulta, es de señalar que el artículo 57.2 del RSP dispone lo siguiente: “Para los vigilantes de seguridad, los cursos de actualización o especialización tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas; cada vigilante deberá cursar al menos uno por año…” Puesto este artículo en relación con el citado artículo 58.2.i) de la LSP, se infiere que el vigilante de seguridad está obligado a asistir y participar en los cursos de actualización o especialización (formación permanente) que organice la empresa de seguridad privada en la que esté integrado.
En cuanto a la tercera cuestión planteada, cabe significar que la obligación de realizar los referidos cursos afecta también a las empresas de seguridad privada, en la medida en que, a tenor del apartado segundo del artículo 21.d) de la LSP, tienen que  “garantizar la formación y actualización profesional del personal  de seguridad privada del que dispongan”.
Por su parte, el artículo 57.1 del RSP dispone que “ Al objeto de mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada, las empresas de seguridad, a través de los centros de formación autorizados, garantizarán la organización y asistencia de su personal de seguridad privada a cursos, adaptados a las distintas modalidades de personal, de actualización en las materias que hayan experimentado modificación o evolución sustancial, o en aquellas que resulte conveniente una mayor especialización”
Garantizar engloba la facilitación de la asistencia de los trabajadores a dicha formación, adoptando entre otras medidas, la proposición de horarios flexibles para su realización, impartición de los cursos dentro de la jornada de trabajo y si ello no fuera posible, la compensación de dichas horas y abono de las horas empleadas en el desplazamiento, cuando el trabajador deba hacerlo por sus propios medios (medidas estas últimas previstas en el artículo 12 del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad de julio de 2015 – diciembre de 2016). Por tanto, ninguna responsabilidad será achacable a la empresa,  si después de emplear  todos los
medios posibles a su alcance para organizar, facilitar y asegurar dicha formación, la misma no es realizada por  negativa del trabajador de asistir a los cursos.
En lo que concierne a la cuarta cuestión planteada, y dentro del ámbito de la seguridad privada (de carácter administrativo), más allá de la puesta en conocimiento de los órganos de control e inspección competentes en la materia por parte de la empresa de seguridad afectada y de las actuaciones que resulten pertinentes por ello, incluida la posible aplicación del régimen sancionador, (artículo 53.4 de la LSP), no existen más mecanismos legales o reglamentarios para conseguir que el trabajador asista a los cursos de formación permanente que se le hayan de impartir..
No obstante lo anterior, fuera del ámbito de la seguridad privada, y más concretamente en el ámbito laboral, la empresa sí puede acogerse a lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ejerciendo sus facultades de dirección y control de la actividad desarrollada por aquélla, que incluyen la adopción de cuantas medidas de vigilancia y control considere oportunas para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, así como el deber de éste de prestar al empresario la diligencia y colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales e incluso la  buena fe. Asimismo, conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 5 c) del mencionado Estatuto de los Trabajadores, donde se consagra el principio de obediencia del trabajador, con independencia de las posibles reclamaciones a través de la vía jurisdiccional del orden laboral para cuestionar los comportamientos empresariales que se crean desviados. 
Al hilo de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la formación continua para el desempeño del puesto de trabajo en cualquier empresa, es una exigencia legal (artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores y artículos 14 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) que afecta por igual a empresarios y trabajadores, por lo que éstos están obligados a asistir a aquellos cursos que la empresa estime oportunos. La negativa de los mismos a asistir a tales cursos podría ser sancionada con arreglo a lo establecido en el artículo 58 del referido Estatuto de los Trabajadores. En caso de que dicha negativa fuera considerada como “resistencia terminante y reiterada” o se calificase como “desobediencia o acto de indisciplina”, podría llegar a resultar de aplicación el despido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54.2. b) de dicho Estatuto.
Por último, y en lo que se refiere a la quinta cuestión planteada, el vigilante de seguridad que se negase a realizar cualquier curso de formación permanente no podría ser utilizado en la prestación de servicios de seguridad privada si tuviese una antigüedad de, al menos, un año en la empresa donde estuviese integrado, puesto que conforme al artículo 57.2. h) de la LSP constituiría una infracción tipificada como grave para la empresa de seguridad privada que la cometiere (“La utilización, en el desempeño de funciones de seguridad privada, de personal de seguridad privada, con una antigüedad mínima de un año en la empresa, que no haya realizado los correspondientes cursos de actualización o especialización, no los haya superado, o no los haya realizado con la periodicidad que reglamentariamente se determine”).
Por ello, si concurrieran alguna de tales circunstancias, la empresa de seguridad privada afectada, además de ponerlo en conocimiento de las autoridades de control en el ámbito de la seguridad privada, igualmente deberá hacerlo respecto de las autoridades competentes en el ámbito laboral, toda vez que, de no ser así, se vería irremediablemente obligada a vulnerar el ordenamiento jurídico establecido en los dos ámbitos.
De otro lado, aun cuando, en principio, la negativa a realizar los cursos de formación permanente por parte del vigilante de seguridad no sería causa de extinción de su habilitación profesional para desempeñar sus funciones como tal, por pérdida de requisitos, al no ser la realización de tales cursos requisito general o específico a reunir para la obtención de aquélla (artículo 28 de la LSP y artículo 54 del RSP, respectivamente), sí podría derivarse en última instancia, como también su suspensión, por aplicación del régimen sancionador en materia de seguridad privada contemplado en el Título VI de la LSP.
En efecto, puestos en relación los artículos 58.2.m) (“La comisión de una  tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el periodo de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores”) y 62.2. b) (“Suspensión temporal de la habilitación por un plazo de entre seis meses y un año”), ambos de la LSP, en el caso que nos ocupa podría llegar a suspenderse la habilitación del vigilante de seguridad, sin perjuicio de la imposición, igualmente, de una multa de 1.001 a 6.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65.1 de la citada ley (“Las sanciones previstas en esta ley podrán aplicarse de forma alternativa o acumulativa”).
De la misma manera, puestos en relación los artículos 58.1.n) (“La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el periodo de dos  años, habiendo sido sancionado por las anteriores”) y 62.1.b) (“Extinción de la  habilitación, que comportará la prohibición de volver a obtenerla por un plazo de entre uno y dos años, y cancelación de la inscripción en el Registro Nacional”), ambos de la  LSP, en el caso que nos ocupa podría llegar a extinguirse la habilitación del vigilante de  seguridad, sin perjuicio de la imposición, igualmente, de una multa de 6.001 a 30.000  euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65.1 de la citada ley (“Las sanciones previstas en esta ley podrán aplicarse de forma alternativa o acumulativa”).
Asimismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, apartado 1,  apartado 2, párrafo c) y apartado 3 de la LSP, puestos en concomitancia, podría suspenderse la habilitación del vigilante de seguridad, por tiempo no superior a un año, como medida cautelar adoptada por el órgano que hubiera ordenado la incoación del correspondiente procedimiento sancionador (por  negarse a realizar el curso de formación permanente de que se trate, infracción calificada como grave), y una vez iniciado el mismo, para asegurar su adecuada instrucción o el pago de la sanción, o evitar la continuación de la infracción, en tanto dure la instrucción de dicho procedimiento.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que las autoridades competentes en materia sancionadora dentro del ámbito de la seguridad privada, para la imposición de las sanciones a las que se ha hecho referencia anteriormente pueden tener en cuenta a la hora de graduar las mismas las circunstancias a que se refiere el artículo 64 de la LSP (la reiteración o la reincidencia, entre otras), como también imponer multas coercitivas con arreglo a lo establecido en el artículo 72 de la misma.
CONCLUSIONES
De las consideraciones anteriormente referidas, cabe extraer como  conclusiones las siguientes:
1ª. La obligación de realización de los cursos de formación permanente afecta tanto a las empresas de seguridad privada como al personal integrado en las mismas: a las primeras en cuanto tienen el deber de que el personal integrado en sus plantillas cumpla todos los requisitos de formación legal y reglamentariamente establecidos y, en consecuencia, ha de facilitar y asegurar la impartición de los mismos; y al personal, en cuanto que es el destinatario directo de tales cursos a  los que preceptivamente debe asistir para mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
2ª. El incumplimiento de tal obligación puede ser susceptible de imposición de sanciones tanto para el personal como para las empresas de seguridad privada, tipificadas como graves, en el ámbito de la seguridad privada. En el caso de las empresas, éstas no incurrirán en responsabilidad alguna, ante la negativa de los vigilantes de seguridad de cursar la formación a impartir, siempre que acrediten haber empleado todos los medios a su alcance para organizar, facilitar y asegurar la impartición de las acciones formativas pertinentes, y no incurran en el supuesto a que se refiere el artículo 57.2.h) de la LSP. El vigilante de seguridad, por aplicación de este precepto, no podría ser utilizado en la prestación de servicios de seguridad privada cuando tuviese más de un año de antigüedad en la empresa, debiendo ser denunciada tal circunstancia ante las autoridades competentes del ámbito laboral y administrativo, sin perjuicio de que pueda ser igualmente suspendida o extinguida su habilitación en base a las consideraciones anteriormente expuestas.
3ª. Los convenios colectivos o los acuerdos suscritos entre las organizaciones patronales y sindicales del sector, sin perder de vista las disposiciones que puedan resultar de aplicación en virtud de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores o en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativas de desarrollo, constituyen – y así se deduce del mencionado Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad para el periodo comprendido entre julio de 2015 y  diciembre de 2016 – son los instrumentos idóneos para regular, de forma dialogada y consensuada, determinados aspectos como los que constituyen el objeto de las consultas, cuya manifiesta incidencia en el ámbito económico-laboral propugna tal vía como la más adecuada para su solución. 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso alguno.

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Las autoridades turcas entregan a la Guardia Civil las dos españolas integradas en Daesh que fueron detenidas en Turquía el pasado mes de diciembre

Ministerio del Interior
Madrid, 11/07/2017
Lucha contra el terrorismo
La operación desarrollada conjuntamente con la Policía turca se inició el pasado mes de 23 de diciembre de 2016, cuando las dos mujeres, casadas con combatientes terroristas extranjeros marroquíes, fueron detenidas al intentar retornar a Europa
La estrecha y permanente colaboración entre la Guardia Civil y las autoridades turcas ha permitido culminar una investigación que se ha prolongado más de dos años con la llegada de las dos detenidas a España para su puesta a disposición judicial
Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a
184 terroristas yihadistasen operaciones realizadas en España y en el exterior y
a un total de 229 desde principios de 2015
Las dos mujeres españolas integradas en Daesh F.A.L. y A.A.L., casadas con combatientes terroristas extranjeros marroquíes, han sido detenidas por la Guardia Civil a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedentes de Estambul, (Turquía). La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha permitido detener a estas dos mujeres, acusadas de pertenencia a organización terrorista, que serán puestas a disposición del citado juzgado.
Las detenidas, sobre las que pesaba una Orden Internacional de Detención promovida por la Guardia Civil, han permanecido en territorio de Daesh durante más de dos años, casadas con yihadistas marroquíes que han participado en asesinatos en masa. En un contexto de brutalidad extrema, viviendo de manera voluntaria bajo las condiciones del grupo terrorista Daesh, el nivel de adoctrinamiento en el extremismo religioso hace de estas personas una amenaza potencial para la Seguridad Nacional. Además, su vinculación con miembros muy activos de la organización las convierte en elementos clave para ser utilizadas como "facilitadoras" para la organización terrorista en España.
En marzo de 2014, A.A.L. abandonó España para llegar a Siria, donde contrajo matrimonio con el combatiente marroquí Mohamed Hamdouch conocido también como Kokito de Castillejos, "el decapitador de Castillejos". Durante la ceremonia, el terrorista regaló a su mujer como dote un cinturón de explosivos. El matrimonio tuvo un hijo.
En abril de 2014, F.A.L. y su hijo de corta edad se trasladaron a Siria para encontrarse con su esposo, el yihadista Mourad Kadi. A finales de 2015 se tiene constancia del posible fallecimiento de los dos yihadistas marroquíes. Tras estos hechos, A.A.L. contrajo matrimonio con otro yihadista marroquí y fruto de esa relación la joven quedó nuevamente embarazada.
La Guardia Civil mantiene un permanente esfuerzo de control y seguimiento de las actividades que estos combatientes terroristas extranjeros desarrollan a lo largo de periodos muy prolongados, con el fin de minimizar el riesgo de que individuos con niveles de radicalización muy altos puedan actuar en España o contra intereses españoles en el exterior.
La investigación que ha culminado con la detención de las dos activistas de Daesh se ha prolongado durante más de dos años, tiempo en el que ha tenido un papel fundamental la permanente cooperación bilateral con las autoridades y Fuerzas de Seguridad de Turquía. Este excelente nivel de cooperación ha hecho posible la llegada a España de las dos detenidas, que pasarán a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional. Además de las dos arrestadas, han llegado a España los hijos menores de ambas, que serán entregados a sus familiares.
El desarrollo de la operación ha sido fundamental el intercambio de información con los servicios americanos, turcos y marroquíes.
Desde la elevación al nivel 4 de alerta antiterrorista el pasado 26 de junio de 2015, la Guardia Civil ha reforzado todos los dispositivos operativos y líneas de investigación relativas a la amenaza terrorista, especialmente aquellas sobre individuos inmersos en un proceso de radicalización que pueda desembocar en el desplazamiento a zona de conflicto o en la comisión de acciones terroristas en los países de residencia, lo cual supone en la actualidad una de las principales amenazas sobre los países occidentales.
Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a
184 terroristas yihadistasen operaciones realizadas en España y en el exterior y
a un total de 229 desde principios de 2015.
El Ministerio del Interior recuerda que, a través de la iniciativa STOP RADICALISMOS, los ciudadanos pueden colaborar a través de una serie de canales a su disposición para que, de forma confidencial y segura, notifiquen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aquellos posibles casos de radicalización en su entorno a través de la página web www.stop-radicalismos.es, la aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana Alertcops y el teléfono gratuito 900 822 066.

El ministro de interior Zoido anuncia que el Ministerio del Interior mantiene el nivel 4 del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.

La Policía Nacional detiene en Madrid a un ciudadano marroquí buscado por pertenencia a organización terrorista

Ministerio del Interior
Madrid, 01/06/2017
El arrestado ya estuvo involucrado en 2004 en la investigación policial y posterior proceso penal por los atentados terroristas de carácter yihadista del 11 de marzo
Sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención decretada por las autoridades judiciales del Reino de Marruecos
Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han detenido hoy en Madrid a A.E.F.E.A., presunto terrorista buscado por las autoridades del Reino de Marruecos.
Se trata de un ciudadano marroquí de 47 años nacido en Tetuán (Marruecos), sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención dictada el pasado mes de mayo. El arrestado habría presuntamente pertenecido a una organización terrorista para la preparación de actos de esta índole, con el fin de alterar el orden público, así como para la obtención de fondos encaminados a la financiación de dichas actividades.
Asimismo, el detenido, residente en la localidad madrileña de Parla, estuvo involucrado ya en 2004 en la investigación policial y posterior proceso penal desarrollados en nuestro país con ocasión de los atentados terroristas de carácter yihadista perpetrados en Madrid el 11 de marzo del citado año.
Excelente cooperación internacional contra el terrorismo
Esta operación se encuadra dentro de la labor continuada que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional viene desarrollando en el marco de la lucha contra el terrorismo yihadista y, concretamente, la materialización de una Orden Internacional de Detención marroquí pone de manifiesto las excelentes relaciones de colaboración existentes con el servicio antiterrorista del Reino de Marruecos (DGST).
Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 166 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 214 desde principios de 2015.
El Ministerio del Interior recuerda que, a través de la iniciativa STOP RADICALISMOS, los ciudadanos pueden colaborar a través de una serie de canales a su disposición para que, de forma confidencial y segura, notifiquen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aquellos posibles casos de radicalización en su entorno a través de la página web www.stop-radicalismos.es, la aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana Alertcops y el teléfono gratuito 900 822 066.

Ministerio del Interior
Madrid, 25/05/2017
El ministro del Interior ha presidido esta mañana la reunión de la mesa de valoración de la amenaza, a la que han asistido los máximos responsables de la lucha antiterrorista en España
Comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras la reunión de la Mesa de Valoración de la Amenaza
Vídeo rueda de Prensa ministro del Interior 
Juan Ignacio Zoido ha presidido hoy en la sede del Ministerio del Interior una reunión ordinaria de la mesa de valoración de la amenaza, en la que se ha analizado el atentado registrado en Manchester, y en la que los máximos responsables  de  la lucha antiterrorista han acordado mantener el nivel 4 del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.

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José Antonio Nieto afirma que "España es un referente en la lucha contra el terrorismo yihadista"

Ministerio del Interior
Madrid, 01/06/2017
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha inaugurado en Madrid una jornada sobre ciberseguridad, organizada por el Club Diálogos para la Democracia
Nieto ha informado sobre el incremento de la ciberdelincuencia en España que ha crecido un 22, 3% en el primer trimestre del 2017 respecto al mismo periodo del año anterior
Ha subrayado que "debemos utilizar la revolución digital en beneficio de la sociedad y que España cuenta con las herramientas y profesionales necesarios para conseguir que nuestro país sea referente en materia de ciberseguridad como ya lo es en el terreno físico"
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha inaugurado esta mañana en Madrid, una jornada sobre ciberseguridad, organizada por el Club Diálogos para la Democracia. Foro en el que Nieto se ha referido a la "revolución digital" en el mundo, los retos en materia de ciberseguridad así como los riesgos que este desarrollo conlleva y que, ha asegurado, "supone un cambio en el paradigma de muchos aspectos, y en concreto, en el de la seguridad".
El secretario de Seguridad ha afirmado que "España es un referente para otros países en la lucha contra el terrorismo yihadista y que se está trabajando de forma intensa para que también lo sea en el terreno virtual. Tenemos –ha añadido- las herramientas necesarias y la implicación de nuestros profesionales para que nuestro país también sea referencia en materia de seguridad virtual". Por ello, ha señalado que "el mundo está virando hacia una nueva realidad y que debemos aprovechar esta revolución digital en beneficio del hombre. Consolidar la sociedad del conocimiento y potenciar el uso de internet en educación, para generar empleo y no convertir su uso en una amenaza".
Respecto a los datos de ciberdelincuencia en España, José Antonio Nieto ha destacado el crecimiento "imparable y exponencial" de este tipos de delitos que en 2016 ascendió a 66.586, lo que supone un 10,7% más que en 2015. En concreto, ha detallado que las tipologías predominantes fueron fraudes y estafas (68,9%) y, amenazas y coacciones (17,2%). En este contexto, ha explicado que la evolución de los ciberdelitos en España durante el primer trimestre de 2017 sigue la tendencia al alza al haber aumentado en un 22,3% la actividad delictiva en el ciberespacio con respecto al mismo periodo del año anterior.
Un incremento de la ciberdelincuencia que, según Nieto, "es preocupante pero tranquilizador al mismo tiempo ya que la afloración de este tipo de delitos facilita la denuncia y nos permite conocerlos más a fondo para combatirlos con más contundencia".
Giro estratégico de Daesh en las Redes Sociales
El secretario de Estado de Seguridad ha destacado que hasta hace poco no se hablaba de ciberterrorismo, y que es "Daesh quien descubre la potencialidad de la Red para explotar su mensaje de terror, consiguiendo así convertir el terrorismo en un fenómeno viral". Sin embargo, ha subrayado que la acción internacional combinada de los servicios de seguridad e inteligencia así como de las empresas de Internet ha obligado a Daesh a gestionar su propio espacio en el ciberespacio. En este sentido, ha advertido sobre "el giro estratégico" de esta organización terrorista en las Redes Sociales, que ha explicado, está empezando a desarrollar sus propias plataformas, en concreto, una página web que imita a Facebook.
Respecto a la lucha contra el terrorismo yihadista en España, el secretario de Estado de Seguridad ha afirmado que "casi en la totalidad de los casos es lucha contra el ciberterrorismo. Nosotros –ha dicho- no esperamos que se produzca un atentado porque las operaciones y detenciones se producen con carácter preventivo". En este contexto, ha destacado que desde el 11 de marzo de 2004 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han realizado 230 operaciones que se han saldado con 771 detenidos y, que en lo que llevamos de Legislatura, ya son 50 las operaciones efectuadas y 81 los detenidos.
En este foro, en el que José Antonio Nieto ha desgranado las claves de España para dar respuesta a los "retos ciber", ha puesto de relieve el incremento de la cooperación entre todas las administraciones públicas, así como el esfuerzo conjunto con el sector privado que, según Nieto, ha generado una "confianza mutua" que está permitiendo aflorar este tipos de delitos. Asimismo, ha destacado la cooperación con la sociedad civil, la comunidad educativa y el sector de las ONG,s  que "nos ayuda a mentalizar a la sociedad ante la nueva realidad virtual y así combatir y prevenir las actividades delictivas en el ciberespacio".
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Consultoria de  Formación de Seguridad y Autoprotección integral de personas nacional e internacional para latinoamerica: Colombia y Venezuela.

Formación en Seguridad y autoprotección integral de personas. Operacional nacional e internacional

Segurpricat Siseguridad Consulting considera como prioridad  la autoprotección integral de los trabajadores nacionales e expatriados o empleados  de las empresas en sus traslados por motivos de trabajo en Latinoamerica ,  damos una  respuesta  y  solución con  un programa de formación en Seguridad operacional internacional  para el personal de su empresa  que explique como prevenir y actuar  para  minimizarlos ,  cumpliendo la normativa y legislación que obliga a las empresas como responsables de la Seguridad de sus trabajadores(aaa), con nuestras medidas garantizamos a nuestros clientes tener cubierta la responsabilidad civil y penal que le compete por Ley, siendo tan completa como los planes  de Seguridad Laboral.

Elaboramos la documentación necesaria:

1.-El Plan Director de Seguridad o Plan de Seguridad  y autoproteccion operacional  internacional  -PSAOI- se compone de los siguientes planes:

1.1-Plan de de emergència y   autoprotección  http://segurpricat.org/2013/05/24/plan-de-emergencia-y-autoproteccion-internacional/

1.2.-Plan de  evacuación.

1.3.-Plan de continuidad y recuperación del negocio.

1.4.--Protocolos de actuación por desastres naturales.

1.5.-Plan de Vigilancia, Seguridad y autoproteccion operacional internacional –PVSAOI-.

Realizamos la supervisión, seguimiento y control de Plan Director -PSAOI-:

-Gestión de las  incidencias de Seguridad  operacional en el Centro.

-Comunicación y coordinación con el Director del proyecto internacional.

-Preparación de informes,  evaulaciones periodicas respecto a incidentes.

-Nuestros formadores de autoprotección integral de personas son propios de la empresa  instruiran al personal de su empresa de acuerdo con el Plan de Riesgos Laborales sea a nivel nacional o que vaya a trabajar en el Centro de Trabajo en Latinoamerica.

En España y en el Centro de las medidas de  Seguridad y autoprotección que lleva aparejado el Plan Director de Seguridad –PSAOI-  a seguir dentro del  centro Trabajo,  como durante los traslados y estancia en el país de  latinoamericano, en la medida de que cada país es muy diferente referente a  los riesgos  personales  fisicos, facilitandoles un manual de autoprotección con las normas a seguir.

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