Gestión de servicios de seguridad privada en centros de menores. Normativa básica reguladora de seguridad privada



"Cuando me encerraron en el centro de acogida a los nueve años dejé de ser una niña"

La Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) decretó el desamparo de Noa, Yael y Keren en 2008, una decisión que truncó la vida de las menores, que tuvieron que pasar seis meses en un centro de acogida
Dos años después un juez revocaría esta decisión y demostraría que la administración se había equivocado
Este es un reportaje publicado en El Diari de l'Educació
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Sergio Haimovich con sus dos hijas mayores en el jardín de su casa
Sergio Haimovich con sus dos hijas mayores en el jardín de su casa SANDRA LÁZARO
"A los nueve años dejé de ser una niña, perdí un padre y tuve que hacer de madre de mis hermanas". Noa Haimovich tiene ahora 17 años, hace estas declaraciones sentada en la mesa del jardín de casa su padre, en Valldoreix. Hoy Noa ha recuperado todo lo que un día, debido a la intervención de la Administración, perdió.
La Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) decretó el desamparo de Noa, Yael y Keren en 2008, una decisión que truncó la vida de las menores, que tuvieron que pasar seis meses en un centro. Dos años después un juez revocaría la decisión de desamparo y mostraría que la Administración, en el caso de esta familia, se había equivocado. Con todo, las consecuencias de tal decisión siguen presentes en la vida de estas hermanas.


En Catalunya, como explicábamos en El Diari de l'Educació en una información anterior, hay casi 7.000 menores tutelados por la Generalitat, más de la mitad retirados de sus familias por malos tratos o desprotección infantil. Sin embargo, al menos 600 familias se han mostrado disconformes en cómo los han separado de sus hijos y con el modelo de protección a la infancia. Una queja, esta última, que cuenta con el apoyo de entidades y especialistas.
Era 2008 y tanto Noa como sus dos hermanas pequeñas, Yael y Keren, vivían con su padre, Sergio, en la localidad de Sant Andreu de Llavaneres. La madre había dejado el hogar hacía un tiempo y tenía una causa penal abierta por presuntos malos tratos a las hijas. Así pues, las cuidaba el padre, que había reducido su jornada en el Hospital del Mar donde ejerce, aun ahora, como ginecólogo. Los progenitores estaban pasando por un divorcio muy complicado, con fuertes enfrentamientos entre la pareja, una situación que indirectamente sufrían las menores.
El futuro de estas tres niñas cambiaría para siempre en junio de 2008. El 29 de ese mes Noa ingresó al Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Sant Joan de Déu por un intento de suicidio. Durante su hospitalización un informe de los equipos de psiquiatría, elaborado a raíz de unos dibujos que hizo la menor, hizo sospechar a los profesionales que la pequeña podría sufrir abusos. Sin más comprobaciones, la DGAIA decidió declarar a la menor en desamparo, y extender la decisión a las otras dos hermanas. Tenían 9, 6 y 5 años cuando fueron separadas de la familia e ingresadas en un centro de acogida mientras la Administración estudiaba el caso. Noa pasó directamente del Hospital al Centro Estels, situado en El Masnou, y las otras dos ingresaron unos días más tarde, después de una reunión de la DGAIA con la familia.
Las tres menores dejaron de ir a la escuela de siempre, en Esplugues del Llobregat, y fueron matriculadas en la escuela de Ocata. Nunca más volverían a ver a sus amigos, ni podrían llevarse al centro objetos personales. "Me vestían con ropa de niño reutilizada", recuerda Noa aún hoy con mucha claridad a pesar de la edad que tenía. "He perdido todos los recuerdos de cuando era pequeña", lamenta.
"El primer día pregunté cuánto tiempo estaría en el centro y me dijeron que entre tres y cinco meses", relata, y prosigue: "Pregunté el porqué, pero nadie me lo contó. Mis hermanas creían que estaban de colonias y nadie se lo negó ", denuncia esta afectada. Finalmente pasarían seis meses viviendo en el centro de acogida, mientras su padre perseguía el caso en los juzgados.
Días más tarde, un Informe de la Unidad Funcional de Abusos a Menores (UFAM) diría que no había habido abusos, pero que Noa podía estar sufriendo malos tratos físicos y morales por parte de algún progenitor. "Carezco de cualquier causa abierta y de acusaciones, aún así la Administración decidió enviar a mis hijas a un centro", se lamenta Sergio Haimovich, quien desde ese día tuvo que renunciar a hacer de padre. El desamparo se producía sobre una base de "presunción" y el informe en el que se apoyaba hacía referencia al estado psiquiátrico de las menores y los malos tratos de la madre, pero no mencionaba directamente al padre. Y, de hecho, el juez acabaría diciendo que no existieron malos tratos.

La vida en el centro

Desde que las menores entraron en el centro de acogida se impuso al padre un régimen de visitas muy estricto. Podía verlas una hora cada 15 días. En una habitación cerrada y a las tres a la vez, siempre bajo supervisión de un técnico. No podía decirles nada en la oreja ni expresarse libremente.
"Sufrí el sentimiento de abandono, pero no podía estar mal, tenía que estar bien para mis hermanas", explica Noa, que enseguida tomó el rol de protectora de sus hermanas. Sin embargo, recuerda que separaron las dos grandes de la más pequeña, que vivía en otro edificio, y a la que no dejaban ver siempre. "Cuando iba a ver a mi hermana pequeña me castigaban", explica.
Fue el centro donde perdieron todos los vínculos con su cultura paterna y la lengua con la que se comunicaban con su padre. Eran una familia de tradición judía, el padre había venido a Barcelona desde Israel hacía muchos años y había enseñado a sus hijas la cultura tradicional de su país. "Me prohibían hablar hebreo durante las visitas, ninguna de ellas habla ahora la lengua", lamenta Haimovich. Tampoco lo dejaron que durante una de estas visitas pudiera hacer una pequeña reproducción de la fiesta Janucá -la fiesta de las luces- típica de su cultura. "Me prohibieron poner música y encender unas velas", denuncia. "No recuperaría todo esto hasta muchos años después", lamenta Noa, que recuerda que aunque el centro se manifestaba como laico les obligaron a celebrar la Navidad.
"El día de mi cumpleaños me dejaron hacer sólo una llamada: me dijeron que escogiera si quería hablar con mi padre o con mi madre", recuerda Noa.
Durante la estancia en el Masnou, el padre propuso a la pedagoga que le dejara escribir a Noa unas líneas cada noche para desahogarse. Hacía días que sufría insomnio y por culpa de eso vivía angustiada. "La pedagoga responsable del caso me dijo que era positivo pero que lo tenía que decidir todo el equipo y que en ese momento estaban de vacaciones", lamenta Haimovich, que explica que esta era la forma en que habitualmente le respondían los técnicos. "La Administración nunca respondió a ninguna de las cartas que les hice llegar donde pedía explicaciones sobre mi situación", añade. "Sufrimos maltrato institucional, tanto yo como mis hijas", argumenta contundente.

Sergio Haimovich con su hija Noa
Sergio Haimovich con su hija Noa SANDRA LÁZARO
Transcurridos seis meses, la DGAIA había tomado una decisión. Las niñas volverían con su madre y vivirían a partir de entonces en casa de la nueva pareja de la madre. La tutela seguiría siendo de la DGAIA hasta que el juez no dijera lo contrario, pero la madre tendría la guarda. Una decisión que Sergio nunca comprendió. "Nunca estudiaron la madre ni la nueva pareja de la madre, y como explicaría después el juez, serían ellos los que, en todo caso, podrían estar causando un agravio a las niñas", lamenta Sergio, que aún hoy se pregunta por qué la DGAIA tomó esta decisión.

La sentencia del juez

Mientras las menores estaban bajo la guarda de la madre y veían a su padre en momentos muy puntales, la hermana de Sergio Haimovich había venido del Uruguay con sus dos hijas para ver a la familia. El padre de Noa, Yael y Keren pidió a la DGAIA que la tía y las primas pudieran visitar las niñas en un punto de encuentro como hacía él. "¿Cuál fue mi sorpresa al llegar al punto de encuentro y ver que la técnica se niega a dejar pasar mi hermana y mis sobrinas?", lamenta. Desde ese día Sergio Haimovich se pregunta si estas decisiones se toman realmente por el bien y la protección de sus hijas.
"¿Por qué esta política de aislamiento de las niñas con todo lo relacionado con el padre? ¿Soy un maltratador? ¿Alguien me ha acusado y no lo sé? Siento el tono de mis palabras, en menos de 10 minutos entrarán mis hijas para estar conmigo en un espacio cerrado bajo vigilancia sin saber ellas o yo porqué, estoy indignado, y hablo desde las entrañas con los ojos empañados por unas lágrimas de desesperación e impotencia. ¿Hasta cuando? Mis hijas llevan dos años sin estar con su padre, es el tercer verano que nos roban, y no nos justifican", escribía desesperado Haimovich en una de las distintas cartas dirigidas al Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán).

Yael, la hija mediana de Sergio Haimovich, con su padre
Yael, la hija mediana de Sergio Haimovich, con su padre SANDRA LÁZARO
Unos días después, cuando ya hacía dos años del desamparo, en 2010, el juez de primera instancia 14 de Barcelona daría la razón a Sergio y revocaría la decisión de desamparo decretada por la administración. Evidenciaría, así pues, que la DGAIA se había precipitado al tomar esta decisión.
El juez decía en 2010: "No se han acreditado, especialmente por parte del padre, maltratos físicos hacia las hijas". "Podemos hablar de falta de habilidades parentelas en el padre -debido a la cantidad de horas que trabajaba y de una situación de conflicto muy elevada con ausencia de percepción del daño que esto provoca a las niñas, pero difícilmente de maltrato", concluía. El juez también constataba que la actitud del padre no tenía nada que ver con el intento de suicidio de la más grande y que, en todo caso, era la madre, y la nueva pareja de la madre, la principal causante de los desajustes emocionales de las menores, según la sentencia a la que ha tenido acceso este medio.
De hecho el juez también se mostraba sorprendido de que la DGAIA hubiera hecho entrega de las niñas a la madre, que tenía un proceso penal abierto, remarca Sergio. Y el juez, que aseguraba que Noa es "frágil emocionalmente" pero que no se puede asegurar que el daño esté producido sólo por el conflicto de los padres, creía que era la madre "probablemente la mayor causante de los desajustes emocionales, si es que la hay". Además, la hija mediana, Yael, había denunciado durante estos años la nueva pareja de su madre por maltrato. "Se le hace entrega de las niñas a mi ex mujer y a su nueva pareja y a mí, que no tenía ninguna causa abierta, se me impone un régimen muy estricto de visitas", lamenta Sergio.
La sentencia del juez suponía revocar la decisión de desamparo, la Administración perdía la tutela de las tres menores, pero ahora quedaba empezar de cero y repartir la custodia a través de otro proceso judicial, que no concluiría hasta 2013. Hoy las dos hijas mayores viven con el padre ya que ellas mismas lo decidieron y la menor tiene la custodia compartida. Sin embargo, Sergio estuvo cinco años sin hacer de padre, y viendo sus hijas bajo supervisión y muy pocas horas al año. Noa, a quien la madre había construido un relato contra el padre, según cuenta la hija, decidió no saber nada de su progenitor, se pasó cinco años sin verlo, ni siquiera durante las visitas programadas.
"A los 15 años no estaba bien en casa de mi madre, y no me cuadraban muchas cosas, decidí contactar mi padre y allí empecé a recordar", explica Noa. "Mis padres han cometido errores, tenían un proyecto, no fue bien y no supieron resolverlo cuando las cosas no iban bien, pero la solución no era arrancarnos de la familia y llevarnos a un centro, lo perdimos todo", reflexiona esta menor que se pasó muchos años sin entender lo que había pasado y que aún hoy se pregunta porque tuvo que vivir todo esto.

17/05/2017 - 
VALÈNCIA. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, alertó este lunes de la situación de "desamparo" en la que se encontraban muchos de los menores tutelados por la Generalitat en los centros de acogida. Con tan sólo 16 inspecciones se hallaron escenas de todo tipo: niños y adolescentes a cargo de la Administración que vivían con "moho, humedades, comida caducada, colchones en el suelo" y un largo etcétera.
Pero la situación puede empeorar aún más. En la Comunitat Valenciana hay 80 centros de acogida de menores, lo que significa que todavía hay 64 por recibir la visita de los inspectores, tal y como confirman desde la propia Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas. 
Ardua tarea que tienen por delante los 11 inspectores con los que actualmente cuenta la Generalitat, pues desde que Oltra tomara esta cartera y llegara al Gobierno valenciano hace dos años, se contabilizan una media de ocho inspecciones anuales. Si bien es cierto que la cifra es superior a las que se realizaron en la anterior etapa del PP –entre 2012 y 2015 se acometieron un total de seis y en este ejercicio están previstas que se realicen seis más para llegar a las 22–, el período para denunciar los hechos ha sido dilatado. 
Y así lo denunció este martes el diputado del PP, José Juan Zaplana, en la rueda de prensa tras la junta de portavoces en Les Corts. "Si Oltra visitó el centro de menores de Monteolivete y dijo que se le cayó el mundo a los pies en febrero, ¿qué ha hecho desde entonces hasta mayo?", criticaba. El departamento de la consellera de Políticas Inclusivas asegura que tardó en tomarse la decisión porque se debía pensar "dónde reubicarlos o qué hacer con los trabajadores", esto es, elaborar un plan de actuación. 

Gastaldi: "Es extraño que la Fiscalía no se haya enterado"

El ex secretario autonómico de Justicia durante el Gobierno del PP y anteriormente director general de Justicia y Menores, Antonio Gastaldi, califica a Valencia Plaza la situación como "extraña". "Durante el tiempo que estuve no hubo ninguna queja y los servicios sociales siempre lo han tenido controlado", explica. También muestra asombro por acusación de maltrato denunciada en el Centro de Menores La Resurrección de Segorbe (Castellón). "Siempre han llevado el centro con soltura", afirma.
Gastaldi, actualmente fiscal de violencia de género, también señala que la Fiscalía de menores siempre acaba por darse cuenta de lo que ocurre, al tratarse de un colectivo sensible. "Es extraño que la Fiscalía no se haya enterado de esta situación en tanto tiempo, en Castellón hay cuatro fiscales y es una provincia fácil de tener controlada". 
Antonio Gastaldi, ex secretario autonómico. Foto: GVA
Antonio Gastaldi, ex secretario autonómico. Foto: GVA
"En mi época jamás tuvimos una queja, era un sector que funcionaba correctamente", insiste y señala a que es posible que se haya realizado una "exageración de un tema estructural". Gastaldi asegura que durante el tiempo que permaneció en el cargo visitaron centros y funcionaban bien. "La gente que trabajaba en la antigua dirección general del Menor eran funcionarios muy implicados". 

A la Fiscalía el 12 de mayo, tres meses después de saberlo

Este martes, la Conselleria de Igualdad informaba de que el pasado 12 de mayo se remitía a Fiscalía un escrito dirigido al fiscal delegado de menores de Castellón para que valorara el informe realizado por la inspección al Centro de Menores La Resurrección de Segorbe (Castellón), donde, según explicó Oltra, se detectaron "indicios de maltrato" a los niños residentes, a los que se daba "poca comida y caducada". Según consta en el escrito, estas acusaciones se realizan a raíz de una visita a las instalaciones los días 30 de enero y 2 de febrero.
Así, desde la cartera de Oltra denuncian la falta de medios humanos. Cuando llegaron a la Administración había siete inspectores –que no se dedican exclusivamente a revisar los centros de menores, sino también los de mujeres, personas mayores, salud mental...– que se incrementaron a 11, muy lejos todavía de los 20 que marca la ley. 

Los sindicatos lo denunciaron

Desde UGT señalan que se avisó a la Conselleria de que estas situaciones se estaban produciendo y reconocen que se llega tarde, pero también destacan que Igualdad mostró mucha sensibilidad a las propuestas realizadas por todas las organizaciones sindicales en la última mesa sectorial. En esta se habló de cómo los trabajadores y menores deberán trasladarse del centro de Monteolivete a Buñol tras el cierre. "Lleva buen camino y se está haciendo un esfuerzo importante". 
Mientras, CCOO asegura que la mayoría de menores de protección atendidos en la Comunitat Valenciana no han estado en situación de abandono pero las que sí estaban abandonadas eran las políticas de menores de la antigua Conselleria de Bienestar Social.
El sindicato señala que el anterior gobierno del PP tenía "estrangulado al sector" y que se ha venido denunciado sistemáticamente "la falta de recursos y los recortes producidos en un sector de alta prioridad para una sociedad avanzada". CCOO ha exigido que el Gobierno valenciano ponga orden y clarifique las líneas que se han de dar en el ámbito del menor en la Comunitat Valenciana.

Según CCOO, la política del anterior Gobierno del PP ha generado que centros de titularidad pública obsoletos en espacios y estructuras estén casi en la ruina, que las plantillas de los centros sean insuficientes, que existan retrasos inaceptables en los pagos, que las familias no reciban la ayuda para el mantenimiento de los menores acogidos y que existan dificultades para trabajar con los nuevos perfiles de menores.

El Síndic de Greuges levanta la mano

En julio de 2015, el Síndic de Greuges, José Cholbi, procedía a la apertura de una queja de oficio por el seguimiento y la supervisión  de centros  de  acogida  de menores. Así lo recordaba este martes, ante el revuelo ocasionado por la falta de inspecciones durante el Gobierno del PP.
Como decía Oltra, el seguimiento  realizado  por el  Servicio  de  Inspección  del anterior Consell se redujo a seis vistas en 2013 y una visita en 2014, sin embargo, sí que se realizaron visitas de los servicios territoriales de la Conselleria, según consta en la queja del Síndic de Greuges.

Con todo esto, el Síndic de Greuges recomendó a la Conselleria  de  Igualdad la obligación legal de asumir la periodicidad  semestral, el seguimiento  y la supervisión de los centros de protección de menores  y recomendó establecer  una metodología  y  dotación  de  personal  suficiente para  cumplir  con obligación.

13 centros con problemas

Tras las inspecciones la conselleria ha debido intervenir en un total de 13 centros reubicando a los menores en otros: ocho centros en Emaús, 'La Resurrección' de Segorbe, Penyeta Roja (Castellón), centro de 'El Carmen', Monteolivete y Buñol. 
En el caso de los ocho centros gestionados por la Emaus Fundación Social, la Conselleria está trabajando para que otra entidad se haga cargo de ellos. "Se les concedió subvención a pesar de estar en concurso de acreedores para no mover a los niños y mantener a los trabajadores", explican desde la cartera de Oltra. Hoy acumula una deuda de 23 millones de euros, 5 con la Seguridad Social, por lo que la semana pasada la propia Oltra transmitió a la ministra Dolors Montserrat la situación y le entregó una carta de los alcaldes de los municipios afectados.
Monteolivete es un centro de menores gestionado por la Generalitat, Penyeta Roja por la Diputación Provincial de Castellón, y 'La Resurrección' estaba gestionado por la Congregación Terciarias Capuchinas. El centro 'El Carmen', estuvo hasta noviembre de 2016 gestionado por una empresa privada, pero desde que finalizara el contrato, los menores fueron ya reubicados; y el de Buñol actualmente lo gestiona una empresa privada que solicitó no continuar dando este servicio, por lo que en junio de 2017 pasará a custodiarlo la Generalitat. 

Menores durmiendo en el suelo

El centro de Monteolivete "no cumple los requisitos de habitabilidad" y presenta unas condiciones "infames" por falta de mantenimiento, aseguraba este martes la directora de la instalación, Yolanda Calero
El centro ha llegado a acoger 120 niños, que ahora se trasladan a otros puntos de la provincia como la Pobla de Vallbona, Burjassot o Buñol. No solo el estado de la infraestructura sino que, según relato Calero, no hay suficientes camas para los menores residentes. 
En agosto ha señalado que tuvieron que hacer compra "extraordinaria" de literas "de forma urgente" porque había algunos "durmiendo en el suelo". Según precisó, el centro llegó a tener 84 residentes cuando la ratio es de 54, una cifra que considera "demasiado elevada" ya que debe ser inferior para ser "más personalizada y adecuada a las necesidades de los chavales de protección".
Gran parte de estos chavales se trasladarán a Buñol y por ello el sindicato CSIF ha pedido que subsane los fallos en las instalaciones de Buñol antes de trasladar allí el centro de recepción de menores que hasta ahora estaba Monteolivete.
De hecho, el CSIF explica que el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) ya alertaba, en un informe sobre las instalaciones de Buñol, de la necesidad de acometer reformas, por ejemplo, en vestuarios y baños para paliar los desperfectos existentes en el recinto. De hecho, una denuncia de la Inspección de Trabajo fue la que finalmente llegó a manos de la Conselleria y alertó de lo crítico de la situación.
Ahora, los trabajadores que actualmente prestan el servicio en las instalaciones de Buñol temen perder su empleo al pasar este centro a gestión directa de la Generalitat.






 Julian Flores Garcia
Director de seguridad, Segurpricat Siseguridad
     

  • Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE núm. 83, de 5 de abril).
  • Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado -disposición adicional cuarta- (BOE núm. 90, de 15 de abril), modificada por la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre.
  • Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social -artículo 44- (BOE núm. 315, de 31 de diciembre)
  • Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado -artículos 8 y 19- (BOE núm. 280, de 20 de noviembre)
  • Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada (BOE núm. 289, de 3 de diciembre).
  • Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 8, de 10 de enero de 1995. Corrección de erratas en BOE núm. 20, de 24 de enero de 1995), modificado por el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio; por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre; por el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo; por la Sentencia de 30 de enero de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero; por la Sentencia de 15 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; por el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre y por el Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero.
  • Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (BOE núm. 255, de 22 de octubre. Corrección de errores en BOE núm. 273, de 12 de noviembre).
  • Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (BOE núm. 42, de 18 de febrero. Corrección de errores en BOE núm. 61, de 12 de marzo), modificada por la Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre.
  • Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada (BOE núm. 42, de 18 de febrero. Corrección de errores en BOE núm. 61, de 12 de marzo).
  • Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero (BOE núm. 264, de 2 de noviembre).
  • Orden de 14 de enero de 1999 por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada (BOE núm. 20, de 23 de enero).
  • Orden de 15 de febrero de 1997 por la que se determinan las armas de fuego a utilizar por los Guardas particulares del Campo para desempeñar funciones de vigilancia y guardería (BOE núm. 48, de 25 de febrero), modificada por la Orden de 30 de abril de 1998.
  • Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada (BOE núm. 296, de 10 de diciembre).
  • Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la de 18 de enero de 1999, en lo relavito a la formación previa y uniformidad de los Guardas particulares del Campo, en sus distintas especialidades (BOE núm 212, de 3 de septiembre)
  • Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección General de la Policía, por la que se constituye la comisión de valoración del profesorado de los centros de formación y se regulan aspectos relativos a la autorización e inspección de los mismos (BOE núm. 173, de 20 de julio).
  • Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se designa la unidad administrativa que desarrollará determinadas competencias en materia de seguridad privada, y se reestructura la comisión de valoración del profesorado de los centros de formación y actualización para guardas particulares del campo y sus especialidades (BOE núm. 284, de 27 de noviembre).
  • Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban los modelos oficiales de los Libros-Registro que se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 295, de 10 de diciembre).
  • Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se delegan competencias en materia de armas, explosivos y seguridad privada (BOE núm. 99, de 25 de abril. Corrección de errores en BOE núm. 129, de 30 de mayo), modificada por la Resolución de 23 de marzo de 1998 (BOE núm. 78, de 1 de abril).
  • Resolución de 13 de enero de 1997, de la Dirección General de la Policía, por la que se delegan determinadas competencias en materia de seguridad privada en el Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de este centro directivo (BOE núm. 36, de 11 de febrero).
  • Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada (BOE núm. 57, de 6 de marzo).

Gestión de servicios de seguridad privada en centros de menores.

Los Centros de menores atendiendo a los informes de la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior viene manifestando lo siguiente son Centros de internamiento:
- La custodia de los internos, entendida en el sentido de tratamiento, protección personal o vigilancia directa de los mismos, no corresponde realizarla a los vigilantes de seguridad, sino al personal propio del centro o al equipo técnico responsable del mismo.
- - La entidad pública podrá autorizar, en aquellos centros donde la necesidad de seguridad asi lo requiera el servicio de personal especializado. En funciones de vigilancia y apoyo a las actuaciones de los trabajadores, este personal dependerá funcionalmente del director del centro y no podrá portar ni utilizar dentro del centro otros medios que los contemplados en el articulo 55.2”


La prestación de servicios de seguridad privada, asi como las funciones de los vigilantes de seguridad están recogidos en su legislación especial, es decir, Ley de Seguridad Privada y su Reglamento de desarrollo, hay que entender que, puesto que el objeto del debate son las funciones de los vigilantes de seguridad, el R.D . 2364/94 establece en su articulo 71 las funciones propias de los vigilantes de seguridad, entre las que se encuentra la protección de personas a su cargo o en el interior de los inmuebles.
El articulo 54.1 del R.D. 1774/2004 establece que las funciones de vigilancia y seguridad interior de los centros corresponde a sus trabajadores, con arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de servicios que el director del centro o la entidad pública haya acordado en su interior.
La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, previa solicitud de la empresa de seguridad, podrá autorizar la sustitución de la defensa reglamentaria por otras armas defensivas, siempre que se garantice que sus caracteristias y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas, son la única autoridad, ni el Jefe de Seguridad de la Empresa de Seguridad ni el Director de Seguridad del centro de menores si estuviera constituido.
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